DECRETO 825 SOBRE EL USO PRIORITARIO DEL INTERNET (2000)

La ley 825 es un decreto que se emitió en el año 2000 en Venezuela, que declara el acceso y uso de Internet como política prioritaria para el desarrollo cultural, económico, social y político del país1. Esta ley busca incentivar el uso de Internet a todos los niveles, mejorar la calidad de vida de la población, ofrecer servicios públicos más eficientes y transparentes, y fomentar el conocimiento, la innovación y el espíritu emprendedor.

Algunos de los aspectos que contempla la ley 825 son:

*Los organismos públicos deben utilizar preferentemente Internet para el intercambio de información con los particulares, prestando servicios comunitarios a través de Internet, tales como bolsas de trabajo, buzón de denuncias, trámites comunitarios con los centros de salud, educación, información y otros.

*El Ministerio de Ciencia y Tecnología debe promover el desarrollo de infraestructura, aplicaciones y contenidos para el uso de Internet, así como la capacitación y el acceso de la población a las tecnologías de información.

*Se crea el Fondo Nacional para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, con el fin de financiar proyectos e iniciativas relacionados con el uso de Internet.

*Se establece la obligación de los proveedores de servicios de Internet de garantizar la confidencialidad, seguridad e integridad de los datos e informaciones transmitidos por sus usuarios, así como de respetar los derechos de autor y propiedad intelectual.

LEY ESPECIAL CONTRA DELITOS INFORMÁTICOS

La ley especial contra delitos informáticos es una norma jurídica que tiene como objetivo proteger los sistemas de información y los datos que se transmiten, almacenan o procesan por medio de las tecnologías de la información y la comunicación. También busca prevenir y sancionar las conductas delictivas que se cometan mediante el uso de estas tecnologías, que afecten la identidad, la propiedad, la intimidad o la imagen de las personas naturales o jurídicas. Esta ley se aplica tanto a nivel nacional como internacional, en los casos que corresponda según los tratados o pactos ratificados por el país.

LEY DE MENSAJES DE DATOS Y FIRMAS ELECTRÓNICAS (2001)

La ley de mensajes de datos y firmas electrónicas es un decreto-ley que regula el uso, la validez y la eficacia de la firma electrónica, el mensaje de datos y la información en formato electrónico, así como los proveedores de servicios de certificación y los certificados electrónicos. Esta ley busca facilitar el comercio electrónico, la administración pública y las transacciones jurídicas mediante el empleo de las tecnologías de la información y la comunicación.

DECRETO 3390 SOBRE EL USO PRIORITARIO DEL SOFTWARE (2004)

Es una norma jurídica que establece que la administración pública nacional debe emplear preferentemente software libre desarrollado con estándares abiertos, en sus sistemas, proyectos y servicios informáticos. El objetivo de este decreto es promover la soberanía tecnológica, la seguridad, la interoperabilidad, la independencia y el desarrollo nacional, mediante el uso de software libre. El decreto también define los conceptos de software libre, estándares abiertos, migración y certificación, y crea una comisión nacional para la implementación y seguimiento del software libre.

RESOLUCIÓN 237 PARA LA CREACIÓN DE LA "ASL" (2004)

El decreto 237 es una norma jurídica que crea la Academia de Software Libre (ASL) como una institución pública adscrita al Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, con el fin de promover, difundir y capacitar en el uso, desarrollo e investigación del software libre y los estándares abiertos en el país. El decreto también establece los objetivos, funciones, estructura y recursos de la ASL, así como las obligaciones de los órganos y entes de la administración pública en materia de software libre.

RESOLUCIÓN 320 SOBRE LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA (2006)

La resolución 320 en Venezuela es un documento que fue emitido por el Ministerio de Ciencia y Tecnología el 28 de diciembre de 1999, con el fin de establecer las políticas de seguridad informática para el sector público y privado. Esta resolución tiene como objetivo garantizar la protección, confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información y los recursos informáticos, así como prevenir y sancionar los delitos informáticos.

Esta consta de 16 artículos, que abordan aspectos como la definición de los términos técnicos, las responsabilidades de los usuarios y proveedores de servicios informáticos, las medidas de seguridad física y lógica, los procedimientos de auditoría y control, y las sanciones administrativas y penales.

RESOLUCIÓN 321 SOBRE LAS POLÍTICAS DE ADQUISICIÓN Y USO DE HARDWARE EN LA APN (2006)

La Resolución 321 es una norma que establece las políticas para la adquisición y uso del hardware en la Administración Pública Nacional (APN) de Venezuela. Fue emitida por el Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología el 10 de agosto de 2006, con el fin de apoyar el proceso de modernización de la gestión pública y garantizar la soberanía y seguridad tecnológica. Esta contiene 10 artículos, que definen los conceptos, los principios, los objetivos, los lineamientos, las estrategias, las responsabilidades, las sanciones y los órganos competentes en materia de hardware.